Más de 15 familias damnificadas acusan a Manuel Bayón Rodríguez por vender lotes sin papeles en “Praderas 57”, cortarles la luz y recaudar expensas en su cuenta personal. Estalló la interna vecinal con pintadas y apuntan a la escandalosa falta de controles del gobierno local.
La Justicia penal dictó una medida fulminante que sacude al mercado inmobiliario de la región y desnuda, una vez más, la alarmante desprotección que sufren los compradores ante la alarmante pasividad de las autoridades de Cañuelas. La fiscal Norma Pippo ordenó el procesamiento formal del empresario Manuel Bayón Rodríguez, cara visible del polémico barrio privado “Praderas 57”, ubicado sobre la Ruta 3. Las acusaciones en su contra componen un catálogo de delitos graves: estelionato (estafa) reiterado, en concurso real con administración fraudulenta y coacción.
La causa Nº 3644, iniciada este año, avanza impulsada por el reclamo de 16 compradores atrapados en lo que describen como una verdadera pesadilla. Según fuentes judiciales, Bayón Rodríguez atraía a las familias prometiendo un estándar de vida exclusivo, con “amenities” de lujo que jamás existieron. El golpe de gracia llegaba a la hora de los papeles: tras saldar la totalidad de los terrenos bajo la promesa de una escrituración inmediata, los propietarios descubrieron la amarga verdad. El desarrollador nunca había presentado la prefactibilidad técnica obligatoria para construir el barrio. Inició los trámites tarde, flojo de papeles, pero comercializó las parcelas como si estuvieran listas para escriturar.
Un régimen de amenazas y expensas “blue”
Pero el engaño inmobiliario es solo la punta del iceberg de un escándalo que ya pasó al terreno de la violencia. Los denunciantes expusieron ante la Justicia un sistemático esquema de presiones e intimidaciones: aquellos vecinos que osaron reclamar o amagaron con llevar el tema a los tribunales sufrieron amenazas directas y cortes intempestivos del suministro eléctrico.
Asimismo, la investigación judicial comprobó que el lugar ni siquiera contaba con un consorcio legalmente constituido. En su lugar, el imputado recaudaba las expensas de manera directa en una cuenta bancaria personal, motivo por el cual sumó los cargos de coacción y administración fraudulenta. La tensión en el predio escaló a niveles insostenibles, al punto de que el interior del barrio amaneció cubierto de furiosas pintadas y grafitis realizados por los propios damnificados para visibilizar el fraude.
Con domicilio en España y en libertad “por ahora”
A pesar de la gravedad de las imputaciones y de que el empresario tiene su domicilio fijado en España —lo que en cualquier causa penal enciende las alarmas por evidente riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso—, desde la UFI Nº 2 confirmaron que “por el momento” no se ordenó su detención. La justificación oficial es que el desarrollador se ha mantenido a derecho y asistió a las citaciones del caso.
Cabe destacar que el delito de estelionato (artículo 173, inciso 9, del Código Penal Argentino) castiga a quien vende bienes ocultando de forma deliberada sus restricciones o disputas legales, previendo penas que van desde un mes hasta los seis años de prisión efectiva.
La pregunta inevitable: ¿Dónde estaba el Municipio?
Este nuevo escándalo en un megapredio de 36 hectáreas (con más de 23 destinadas a lotes residenciales) vuelve a poner bajo la lupa la absoluta falta de transparencia y control de la gestión del Ejecutivo municipal de Cañuelas. Vecinos y observadores de la política local se preguntan con insistencia en las redes sociales cómo es posible que un desarrollo inmobiliario de esta magnitud avance, abra calles, comercialice decenas de lotes a la vista de todos y recaude fortunas en expensas sin contar con las habilitaciones y prefactibilidades básicas que la ley exige.
La desidia de las áreas de inspección comunal vuelve a dejar desamparados a los ciudadanos, instalando un interrogante que la gestión local evita responder: ¿Se trata de una alarmante incompetencia estatal a la hora de fiscalizar o de una conveniente “vista gorda” que siempre termina beneficiando a los desarrolladores inmobiliarios amigos del poder?
