La justicia civil avanza tras la trágica muerte de Jhostin Condori en 2017. La demanda asciende a 17.500 millones de pesos. Ahora, la Provincia y el Municipio se cruzan acusaciones para evitar el pago de la indemnización.
El conflicto: ¿Quién debe pagar por la tragedia?
Tras la condena penal a los guardavidas y al profesor responsable, el foco se trasladó al Juzgado Contencioso Administrativo 3 de La Plata. La familia del niño de 5 años, representada por el Estudio Burlando, reclama justicia por los daños materiales, psicológicos y morales.
La Provincia de Buenos Aires fue la primera en responder. Su estrategia es clara: responsabilizar directamente a la Municipalidad de Cañuelas.
Los argumentos de la Provincia contra el Municipio
Los abogados del fisco provincial sostienen que la gestión local no fue una invitada, sino la organizadora principal. Entre los puntos más críticos, destacan:
- Propiedad del predio: La pileta Santa Marta pertenece legalmente al Municipio.
- Financiamiento local: La Intendencia pagaba un “plus” a los guardavidas para asegurar el servicio.
- Logística: El gobierno municipal proveía los insumos y la coordinación del natatorio.
La defensa de Cañuelas: El “gris” de la pileta Santa Marta
El Municipio de Cañuelas busca desmarcarse de la demanda de Jhostin. Su defensa se basa en que la comuna actuó como un “mero colaborador”.
Según el abogado municipal, la responsabilidad absoluta es de la Dirección General de Escuelas. Argumentan que ellos seleccionaron al personal y diseñaron el programa. Además, se amparan en una ordenanza de 2004 que donaba el predio a la Provincia, aunque la escritura nunca se terminó de firmar.
“La Provincia usa el inmueble como dueño desde hace años”, afirma la defensa local para intentar desviar el impacto económico del fallo.
Escándalo: Un docente inhallable y defensas insólitas
A ocho años del hecho, la causa civil revela detalles indignantes que complican la postura oficial:
- El docente “fantasma”: Gastón Daniel Martínez, señalado como el principal cuidador del sector donde se hundió Jhostin, no puede ser localizado por la justicia.
- Cálculos imposibles: Uno de los guardavidas declaró que estaba a “80 metros” del hecho para justificarse. Sin embargo, la pileta solo mide 24 metros.
- Falta de capacitación: El personal a cargo admitió en la causa penal no tener conocimientos de RCP al momento de la tragedia.
¿Qué pasará con las arcas públicas?
El monto de la demanda es histórico. Mientras los funcionarios se pasan la pelota, la familia de Jhostin sigue esperando una reparación que el Estado —en cualquiera de sus niveles— intenta evitar.
La falta de mantenimiento en los trámites de propiedad y la falta de control en las colonias de verano hoy ponen al Municipio de Cañuelas bajo la lupa de la justicia y el escrutinio de los vecinos.
