La detención de un hombre de 35 años acusado de participar en la destrucción e incendio de patrulleros en Máximo Paz volvió a dejar al descubierto el clima de tensión y la falta de respuesta política ante los hechos de violencia que sacuden al distrito gobernado por Marisa Fassi.
El episodio ocurrió el 17 de enero, tras el asesinato de Marcelo Rafful, cuando un grupo atacó móviles policiales y protagonizó graves disturbios. Recién en los últimos días se concretó la captura del principal sospechoso, quien es familiar de la víctima. Sin embargo, la causa sigue teniendo tres prófugos, lo que evidencia las demoras y la escasa prevención en materia de seguridad.
La Fiscalía 1 de Cañuelas imputó al detenido por “atentado a la autoridad agravado, robo calificado y daño agravado en concurso real”. Entre los cargos figura la agresión al comisario A. Castillo durante los ataques, en una jornada que expuso la vulnerabilidad de las fuerzas en plena vía pública.
Mientras tanto, por el crimen de Rafful hay otra investigación en curso con personas detenidas. Fue precisamente ese asesinato el detonante de una reacción violenta que derivó en la quema de patrulleros y en una escalada que los vecinos todavía recuerdan con preocupación.
Lo ocurrido en Máximo Paz no solo dejó móviles destruidos y efectivos agredidos: también volvió a poner en discusión la ausencia de un plan de seguridad claro por parte del Municipio. La tardía detención y la existencia de prófugos alimentan la sensación de impunidad en una comunidad que viene reclamando respuestas concretas.
En un distrito donde los hechos graves se repiten y las soluciones llegan tarde, el impacto político vuelve a recaer sobre la gestión local, cada vez más cuestionada por su falta de reacción ante las crisis.
